Blanca Usoz enviaba también por Twitter el reciente artículo del New York Times donde se daba noticia del artículo del grupo de Colette de Jong publicado en el JAMA Internal Medicine. En él , Mikkael Sekeres , director del programa de leucemia de la Cleveland Clinic, cuenta la experiencia de su sorprendente suegra, una vitalista mujer que un buen día empieza a tener problemas en la cadera. Ante la imagen de la radiografía su médico le recomienda consultar a un cirujano ortopédico, con el que rápidamente acuerda que la mejor alternativa era colocarle una prótesis. Pero antes de confirmar el procedimiento el cirujano pone en su conocimiento los posibles conflictos de interés que tiene:” ahora tengo que decirle que la prótesis que pienso implantarle ha sido diseñada por mi, y aunque no recibo royalties por implantarla en usted, quiero que conozca que tengo en ese sentido un conflicto de interés, y quiero estar seguro de que no tiene usted ninguna objeción respecto a ello”.
Casi todas las declaraciones de interés que se hacen ( en artículos, comentarios, conferencias,…) son negativas. Aparentemente casi nadie tiene conflictos. Y sin embargo, como señala Sekeres, el ámbito al que afecta es mucho mayor de lo que suponemos: no solo implica al médico cuya prescripción determina su asistencia financiada a un congreso, o a la sociedad científica que de esa forma ve garantizada la sostenibilidad de su congreso o incluso su propia viabilidad como organización. Afecta a aquellos que pueden beneficiarse del uso de las patentes que inventan, y por supuesto a los que son designados por cualquier laboratorio farmacéutico para llevar a cabo un “aséptico y encomiable” ensayo clínico destinado a avanzar en el conocimiento científico.
Hay otro tipo de conflicto de interés que es invisible, del que casi nadie habla , pero que afecta a cualquier profesional de los servicios sanitarios que tienen establecidos sistemas de incentivos. Las evidencias científicas sobre la efectividad real de estos últimos son cada vez más sonrojantes ( No solo no reducen en modo alguno la mortalidad de las condiciones incentivadas, sino que además sesgan las intervenciones de los clínicos hacia la realización de lo que se incentiva, abandonando las prácticas que no reciben premio). Sin embargo no hay servicio sanitario que se haya planteado repensar la necesidad, oportunidad y riesgo de mantener este tipo de incentivación.
Muy pocos son los clínicos que reconocen que tienen un conflicto de interés cuando su sueldo depende de lo que su organización le diga qué tienen que hacer. Ya hablamos en su momento del artículo que Jonathan Richards publicó en el Britith Journal of General Practice ( "An elephant in the room") en donde reconocía tener conflictos de interés porque" mi salario está ligado a mi desempeño”. Quizá los pacientes debieran saber que cuando prescribimos sistemáticamente por principio activo o le indicamos un medicamento genérico , determinado fármaco para la diabetes o la hipertensión , lo hacemos porque forma parte de nuestros objetivos.
En ocasiones la forma de evitar las “malas compañías” de las empresas farmacéuticas por parte de algunas sociedades científicas ha sido aceptar el financiamiento por parte de las administraciones públicas. No hay muchas dudas de que el fin de esta últimas puede ser más loable que el de aquellas. Pero eso no significa que no pidan algo a cambio de su dinero.En muchas ocasiones sus objetivos institucionales es muy posible que estén alienados con nuestro criterio profesional, pero ¿que ocurre cuando no lo está?
No es fácil encontrar el adecuado punto de equilibrio entre la defensa de la mejor opción para el paciente, los intereses de la empresa para la que trabajamos y nuestros legítimos intereses económicos. Pero quizá convendría empezar por reconocer explícitamente ese conflicto. Como le ocurre a la suegra de Sekeres, en muchas ocasiones basta a menudo eso para reforzar la confianza del paciente en el profesional que le atiende.
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