Permitir la compatibilidad de la práctica médica pública y la privada tiene una lógica basada en las libertades individuales: los médicos que trabajan en la privada lo hacen fuera del horario que dedican a la asistencia pública; la decisión de trabajar en ambos sistemas es estrictamente personal y los gobiernos no tendrían legitimidad para inmiscuirse.
Es curioso que este planteamiento no sea defendido por la empresa privada que exige la incompatibilidad de sus trabajadores cuando tienen cierto nivel. ¿Puede trabajar un vendedor en El Corte Inglés y en Zara? Obviamente no. El empleado desde El Corte Inglés podría remitir clientes a Zara si sus incentivos son mayores. No es posible trabajar para dos empresas del mismo sector con distintos intereses. Esto pasa en medicina.
Hace unos meses un cardiólogo inglés escribía un artículoexplicando que dejaba su consulta privada porque su práctica particular estaba intoxicando su actividad pública. El aspecto que más le preocupaba no era solo que tenía menos tiempo para mantenerse al día sino que, dado que la medicina privada vive en gran medida de ofrecer a los pacientes intervenciones de bajo valor añadido, esta conducta acabó siendo trasladada a su actividad pública:
“Los pacientes creen que el pago implica una medicina de mayor calidad; pero, igual que pagar más por el champú con vitaminas añadidas, la promesa es mucho mayor que la realidad”.
Este efecto pernicioso puede apreciarse al analizar lo que pasa en Alemania, donde la compatibilidad pública–privada es total: el Estado paga por ciertos servicios acordados a médicos privados. Sin embargo, el 77% de los médicos convence a los pacientes para que paguen de su bolsillo servicios no financiados públicamente. Los médicos venden estas prestaciones asegurando que no están financiadas porque el gobierno solo quiere ahorrar. Es evidente que el médico alemán se gana la vida con lo que financia el Estado, pero se hace rico convenciendo a los pacientes para que paguen de su bolsillo intervenciones médicas extra.
La tentación es alta: vender “más medicina” es muy fácil. Hay clientes que valoran la rapidez de acceso o la hostelería de la medicina privada; pero el riesgo de sobreactuación médica es elevado. Cuando es el mismo profesional el que provee tanto “lo indicado” como “lo no indicado”, el conflicto está asegurado.
Pongamos un ejemplo hipotético. En un centro hospitalario un afamado cirujano “engorda” su privada de varices ofreciendo procedimientos terapéuticos no financiados pero que “vende” diciendo que “aportan ventajas sobre los que él puede realizar en el hospital público”.
El efecto perverso que puede tener que este médico trabaje en la pública y en la privada es quíntuple:
(1) engaña a los pacientes ya que los deriva a su privada desde la pública mediante una información sesgada;
(2) disminuye la eficiencia del sistema público ya que, por un lado, tiene un enorme incentivo para sobre-indicar la cirugía de varices y “engordar” la lista de espera (precisamente para aumentar el número de pacientes susceptibles de acabar en su privada) y, por otro, se facilita la posibilidad de realizar una atención mixta (por ejemplo, pruebas complementarias hechas en la pública para pacientes atendidos en la privada);
(3) hace daño a los enfermos que realmente necesitan la intervención, ya que tienen que esperar más porque la lista de espera está ocupada por pacientes que no necesitan la operación;
(4) pervierte el mercado ya que se aprovecha de una posición de privilegio para contactar con un gran número de potenciales clientes, a los que no acceden otros colegas que solo trabajan en la privada;
(5) hace daño a su propio hospital ya que no le interesa introducir innovaciones sensatas en su práctica pública y así poder seguir ofreciendo supuestas o verdaderas ventajas técnicas en su privada.
Este ejemplo es una exageración retórica. Muchos médicos comparten con total honestidad la práctica pública y la privada pero, igual que si se trabaja para El Corte Inglés y Zara, más tarde o más temprano, los distintos intereses pueden interactuar de manera perjudicial.
Además, la no existencia de dedicación exclusiva aumenta el paro médico y perjudica a los facultativos que trabajan solo en la privada, un mercado laboral con muy bajos sueldos debido a la competencia de los profesionales para los que la privada es un ingreso complementario al de la pública; y la precariedad laboral médica siempre acaba siendo mala para los pacientes.
En suma, la exclusividad de los médicos, especialmente en quienes tienen responsabilidades de organización y gestión en los centros públicos, es fundamental para el buen funcionamiento, no solo de la sanidad pública sino también de la privada; su lógica es la eficiencia pública, la protección de los intereses de los pacientes y del mercado laboral médico; por ello debería ser defendida e incentivada por los gobiernos y los colegios profesionales.
Abel Novoa en médico de familia, presidente de la Plataforma NoGracias y miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
Este artículo apareció publicado en La Verdad de la Región de Murcia con fecha 2 de marzo de 2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario